SUNAT: sustentar a tiempo los gastos puede evitar reparos y mayores costos para las empresas
Las empresas y emprendimientos deben prestar atención al sustento de sus gastos y mantener disponible la documentación que respalde sus operaciones. Ante una fiscalización de la SUNAT, no contar con la información necesaria dentro de los plazos establecidos puede generar reparos tributarios y afectar las finanzas del negocio.

Según el área Tributaria Pérez-Llorca, Miranda & Amado, señala que entre los principales puntos revisados se encuentran la existencia real de los servicios u operaciones, la relación del gasto con la actividad empresarial y, en determinados casos, el valor de mercado de las operaciones entre empresas vinculadas. (elperuano.pe)
El especialista explica que presentar la documentación fuera de plazo puede generar multas y también el desconocimiento del gasto o costo que la empresa busca sustentar. Por ello, conservar contratos, comprobantes, órdenes de servicio, informes, medios de pago y demás documentos relacionados con cada operación resulta importante.
Para las pequeñas empresas y emprendimientos, una controversia tributaria también puede representar costos adicionales. Un reparo puede generar intereses moratorios y requerir recursos para atender una reclamación o apelación. Si la controversia continúa, el proceso puede llegar a la vía judicial.
Según la información proporcionada por el especialista, una fiscalización definitiva tiene un plazo de un año y una parcial de seis meses, mientras que las etapas de reclamación y apelación cuentan con plazos legales específicos. Estos pueden variar debido a suspensiones o prórrogas previstas por la normativa.
La prevención parte de acciones sencillas: revisar periódicamente el buzón electrónico de SUNAT, asignar responsables, organizar los documentos y sustentar las operaciones desde el momento en que se realizan.
Pedroza recomienda además mantener criterios tributarios actualizados y evaluar cada controversia considerando sus costos y alternativas, como la defensa administrativa, el fraccionamiento o, cuando corresponda, otras opciones previstas por la legislación.



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